El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley que tiene como objetivo la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional. Esta norma cumple con los objetivos del Gobierno en la lucha contra la corrupción contenidos en su acuerdo de coalición y en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha subrayado que el objetivo central de la futura ley es la protección “eficaz y efectiva” de aquellas personas que, tanto en el ámbito público como privado, comuniquen información relativa a infracciones del derecho de la Unión y derecho nacional.
La ley transpone la directiva comunitaria de 2019 conocida como Whistleblowers. Cualquier ciudadano o funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas, incluso de manera anónima. Sin embargo, se sancionará la comunicación o revelación pública de información a sabiendas de su falsedad, para establecer garantías contra informaciones falsas o delaciones espurias que pueden generar un grave daño a personas, instituciones públicas o empresas. El régimen sancionador contempla amonestaciones públicas, la prohibición de obtener subvenciones o de contratar con la Administración Pública, así como multas que podrán ir de 1.001 a 300.000 euros en el caso de personas físicas y de 10.001 a 1.000.000 de euros en el caso de las jurídicas.
Las denuncias podrán ser efectuadas a través de una autoridad administrativa independiente o a través de los canales internos de cada organización, que serán obligatorios para las empresas de más de 50 trabajadores, partidos políticos, sindicatos y fundaciones que reciban fondos públicos. También deberán contar con ellos todos los municipios, aunque los que no superen los 10.000 habitantes podrán compartir los medios para la recepción de informaciones, siempre y cuando estén dentro de la misma comunidad autónoma. El plazo máximo para realizar las investigaciones necesarias y responder al informante será de tres meses, con posibilidad de prórroga si la complejidad del asunto así lo requiere.
Por otra parte, el Ejecutivo ha iniciado el proceso para elegir la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
