El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 6 años y 3 meses de prisión a un abogado laboralista por delito continuado de apropiación indebida agravada por el valor de la defraudación y delito continuado de falsedad de documento oficial por particular. El letrado se apropió de los 225.000 euros a que ascendía la indemnización por despido improcedente reconocida por la jurisdicción social a un cliente suyo. Además, deberá devolver 227.900 euros más intereses al cliente.
Según la sentencia de la Audiencia de Barcelona, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el abogado laboralista fue contratado por el cliente en 2012 para interponer demanda por despido improcedente y extinción de contrato contra su empresa. Los tribunales ratificaron la improcedencia del despido y condenaron a la empresa a abonarle una indemnización de 202.213 euros. Después de que la sentencia ganara firmeza, el Juzgado expidió mandamiento de devolución de los 202.213 euros a favor del trabajador, que entregó al abogado, y liquidó los intereses del principal de la indemnización en diciembre de ese mismo año, expidiendo otro mandamiento de devolución por esa cuantía en favor del trabajador y con entrega al letrado.
Según el relato de hechos, el abogado acusado “se quedó con las cantidades obtenidas mediante los repetidos mandamientos, que cobró directamente o a través de otra u otras personas a las cuales encargó la gestión de cobro”. El acusado también retrasó el pago al cliente explicando una serie de avatares procesales y entregándole fotocopias que decía eran de documentos procedentes del Juzgado de lo Social, cuando no lo eran.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró que la valoración de las pruebas realizada era correcta y razonable al concluir que fue el acusado quien cobró los dos mandamientos de pago emitidos a favor de su cliente, a la vista de la prueba documental, y quien fue responsable de la falsedad documental. El Tribunal Supremo rechaza el recurso del abogado condenado, salvo en la pena de multa correspondiente al delito de falsedad documental, ya que la Audiencia impuso una cuantía que estaba por encima de lo pedido por el fiscal y la acusación particular, lo que vulneró el principio acusatorio.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la ética profesional y la responsabilidad de los abogados al tratar con el dinero de sus clientes. Los abogados deben actuar con honestidad, transparencia y diligencia en la defensa de los intereses de sus clientes, respetando las normas éticas y legales que rigen su profesión. La apropiación indebida y la falsificación de documentos son acciones inaceptables que pueden acarrear graves consecuencias legales y profesionales. Es fundamental que los abogados cumplan con sus obligaciones éticas y legales para garantizar la confianza y la integridad del sistema judicial y la protección de los derechos de sus clientes
