El Gobierno ha aprobado una serie de medidas para proteger el derecho a la vivienda y limitar el aumento de los alquileres y restringir los desalojos. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye una prórroga extraordinaria de seis meses para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023, siempre a petición del inquilino. Durante estos seis meses, se aplicarán los términos y condiciones establecidos en el contrato en vigor. Además, se limita el aumento anual de la renta a un 2% y se amplía la suspensión de los desalojos y lanzamientos para personas y familias vulnerables. Estas medidas buscan proteger a los inquilinos y garantizar un acceso justo y asequible a la vivienda.
Además, se establece un mecanismo para negociar el incremento en la renta del contrato entre el arrendador y el arrendatario. En caso de no alcanzar un acuerdo, el aumento de la renta no podrá exceder la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, un índice que se encuentra actualmente en el valor máximo del 2%.
Otra medida importante incluida en el Real Decreto-ley es la prohibición de subir el precio de los alquileres en los primeros tres años de duración de los contratos. Esto busca evitar que los arrendadores aprovechen el momento para aumentar el precio de manera significativa y desproporcionada.
Además, se establecen mecanismos para garantizar la protección de los inquilinos vulnerables, incluyendo la posibilidad de interponer recursos administrativos y judiciales ante los desalojos y lanzamientos, y la posibilidad de obtener ayudas económicas para poder seguir pagando el alquiler.
En conclusión, estas medidas buscan proteger el derecho a la vivienda y garantizar un acceso justo y asequible a la misma, especialmente para los inquilinos más vulnerables. A través de estas medidas se busca limitar el aumento de los alquileres y restringir los desalojos y lanzamientos, con el objetivo de proteger a los inquilinos y garantizar un acceso justo y asequible a la vivienda.
