El Ministerio de Justicia y las asociaciones convocantes de la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) continúan discutiendo la participación en el paro. Mientras que las asociaciones aseguran una participación del 84,6%, el Ministerio cifra esta cifra en un 32,73%. La huelga ha alcanzado su máximo seguimiento en su séptima jornada.
El comité de huelga ha informado de que más de 70.000 actuaciones judiciales se han suspendido debido al paro y que la cuenta de consignaciones ha alcanzado los 5.000 millones de euros. Las asociaciones han vuelto a exigir la convocatoria del comité de huelga para alcanzar un acuerdo con el Ministerio y han exigido que el presidente Pedro Sánchez intervenga en el asunto.
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tontxu Rodríguez, ha descrito la huelga como una medida “política” y ha señalado que el Ministerio ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con los representantes de los LAJ. Rodríguez ha añadido que los LAJ cobran entre un 60% y un 83% de lo que cobra un juez o fiscal, a pesar de que nunca serán jueces o fiscales.
El conflicto tiene su origen en la falta de adecuación salarial de los LAJ a las mayores funciones y responsabilidades asignadas por la Ley 13/2009, que se ha visto aumentada en sucesivas reformas, especialmente la de 2015. El acuerdo firmado en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales fue el detonante del conflicto.
Antes del inicio de la huelga, la ministra Pilar Llop pidió al comité de huelga que evitara “posiciones maximalistas” y aseguró que su Ministerio negocia de manera permanente con las distintas asociaciones de LAJ. Los LAJ son un componente importante del sistema de justicia y sus funciones son esenciales para garantizar la eficacia de la justicia.
En conclusión, la huelga indefinida de los LAJ continúa y las diferencias entre el Ministerio y las asociaciones convocantes siguen siendo evidentes. Ambas partes deben trabajar juntas para alcanzar un acuerdo que satisfaga a los LAJ y garantice la eficacia del sistema de justicia. La intervención del presidente Pedro Sánchez podría ser necesaria para resolver este conflicto y garantizar la continuidad del servicio de justicia.
