La obtención de prueba en materia penal en la Unión Europea.

La obtención y el reconocimiento de la prueba penal realizada en el marco de la Unión Europea son de vital necesidad e importancia para las investigaciones y actuaciones judiciales en la lucha contra la creciente delincuencia organizada transnacional.

La incorporación de España a la UE y por ello al espacio de libertad, seguridad y justicia que ésta constituye, implica una ineludible y progresiva cooperación judicial en materia penal, en un ámbito en que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros poseen el común denominador que es la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales. Es una exigencia de primer orden la posibilidad de obtener fuentes de prueba en todo el ámbito de la Unión, que puedan utilizarse con las debidas garantías en el enjuiciamiento penal de cualquiera de los Estados miembros.

En la práctica profesional en España, se ha evidenciado la complejidad y lentitud en la tramitación de los instrumentos de cooperación judicial internacional, en materia penal y por ende su ineficacia. Con frecuencia se renunciaba incluso a solicitar determinadas pruebas, que deberían obtenerse en otro Estado, para evitar la paralización indefinida de la instrucción de la causa. Las continuas reformas legales de los últimos años han venido a simplificar y agilizar la ejecución de las peticiones de auxilio judicial para obtención de pruebas, culminando con las recientes novedades legislativas, como son la Directiva europea 2014/41 CE sobre la Orden Europea de Investigación, la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal, y la Ley 16/2015 que regula el estatuto de España en Eurojust.

Este libro pretende acercar al profesional, a modo de guía práctica, el marco normativo actual de la UE vigente en España, facilitando la comprensión de los avances más significativos recientemente producidos en la obtención y utilización de prueba transnacional en el proceso penal, sus aplicaciones con las debidas garantías procesales y los aspectos que a juicio de los autores pueden y deben ser mejorados.