Derecho de la función pública

Régimen jurídico de los funcionarios públicos

Alberto Palomar Olmeda, es Profesor titular (Acred.) de Derecho Administrativo. Magistrado. Letrado de la Administración de la Seguridad Social. Diplomado en Criminología. Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Académico correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Director Académico del Master de Acceso a la Abogacía. Director de la Revista Aranzadi de Derecho del Deporte y del Entretenimiento. Director del Master de Derecho Deportivo de la Universidad de Valencia. Director de la Revista de Derecho Administrativo Vlex. Actualmente es abogado en ejercicio. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública. Secretario General del BOE, Director de Gabinete del Secretario de Estado de Administración Pública, Director del Gabinete del Secretario de Estado para el Deporte. Director del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia. Director de la Inspección de Servicios del Ministerio de la Presidencia. Subdirector General de deporte profesional. Autor de más de 20 libros y director y coordinador de otros 15 sobre temas de organización, empleo público, políticas sociales y derecho del entretenimiento. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas. Asimismo, es director de la colección «derecho del deporte» de la Editorial Dykinson y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de Derecho Deportivo, Aranzadi doctrinal, Foro de Seguridad Social, de la Revista Derecho y Salud, del Consejo Asesor de Iusport, Miembro del Consejo Consultor de Arimap European Institute. Instituto Internacional de Formación, Investigación y desarrollo. Ha sido consultor del Banco Mundial y del Banco Internacional del desarrollo y miembro del Tribunal Arbitral de Laussanne. Además, fue miembro de las Secciones Especiales de la Comisión de Codificación en la reforma de la Ley de Expropiación y de Fundaciones y ha sido designado experto en diversos grupos de trabajo para la reforma de la Administración Pública y de las leyes autonómicas de empleo público.  .

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