Construyendo el futuro: conversaciones jurídicas sobre la Globalización

Cuando han transcurrido casi diecisiete años completos desde que se iniciara, puede ya decirse que el siglo xxi es un período desafiante que cuestiona la nitidez y la vigencia de la percepción humana de las cosas y de las instituciones esenciales que gobiernan sus sociedades.

Parece que durante el siglo xx —cambalache, problemático y febril— se fue urdiendo un nuevo modelo de relaciones sociales basado en un estadio científico y tecnológico inimaginable al comienzo de la centuria, y que ha eclosionado en estas primeras décadas del siglo XXI: internet y comunicaciones; el desarrollo de la bio y tecno-medicina, el control de la enfermedad y el alargamiento de la vida; la armonización de los perfiles de las sociedades humanas expresada con la idea de «aldea global»; el movimiento incesante hacia una mayor equidad en beneficio de colectivos sociales específicos; las formas de gobierno supranacional y al tiempo el reconocimiento de lo local como nivel óptimo de gestión pública; la certeza de la finitud de los recursos naturales y los riesgos para nuestra especie —no tanto para el planeta— del modelo exponencial de producción y consumo.

Y mientras tales acontecimientos trepidantes suceden se mantiene, en lo esencial, un modelo institucional y jurídico que se remonta al menos al siglo XVIII: división de poderes con preeminencia parlamentaria; un sistema jurídico basado en la primacía incondicional de las Constituciones nacionales; una actividad internacional reservada a los Estados con exclusión de otros poderes públicos… entre otros contenidos que seguimos enseñando en las Facultades de Derecho y que, sin intensas matizaciones, resultan anacrónicos e ineficaces en su desempeño.

La arquitectura jurídica e institucional del Estado-nación reclama una urgente renovación que asegure su eficacia en una sociedad intensamente condicionada por el factor tecnológico y por escenarios supraestatales de actuación política. Y es que tal arquitectura no es sino un instrumento al servicio de fines y objetivos que, éstos sí, permanecen inalterables: una convivencia pacífica; el respeto de los derechos individuales y colectivos y el control del ejercicio del poder público dirigido siempre a la satisfacción del interés general. El primer paso de esta renovación es la identificación de disfunciones y lagunas, tarea a la quiere contribuir, modestamente, este libro.