El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León justifica la terminación del empleo de un trabajador cuyo cobro excesivo a los clientes fue detectado a través de cámaras de videovigilancia.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado procedente el despido de un trabajador de la empresa Repuestos Cadesa por cobrar materiales a los clientes a un precio superior al fijado por la entidad y quedarse con la diferencia. Según los hechos probados de la sentencia, el trabajador desempeñaba sus funciones en Trobajo del Camino (León) desde 2013 como dependiente. En enero de 2021 recibió una carta de despido disciplinario en la que se le comunicó que la entidad había decidido sancionarle por cometer faltas muy graves. La empresa explicó en la misiva que habían descubierto que se estaba apropiando de dinero utilizando la técnica de cobrar a clientes por los productos que se adquieren a un precio superior al PVP y que se estaba quedando con el exceso.

La carta describió que el empleado realizó una venta de filtro de aceite, anticongelante y escobilla pero días después el cliente decidió devolver los productos. Le entregaron una cantidad de 36 euros, es decir, el precio real. En cambio el comprador le manifestó que se le habían cobrado 42 euros, por lo que la empresa tuvo que reintegrarle dicha cantidad. Este hecho motivó a que Repuestos Cadesa iniciara una investigación y se comprobó que esta práctica la había llevado a cabo en más ocasiones. El dinero se lo guardaba en los bolsillos.

La empresa aportó como pruebas grabaciones de vídeo y el juzgado de instancia declaró que el empleado estaba “plenamente informado” tanto de la existencia de éstas como de la utilización como medio de control del cumplimiento de las obligaciones laborales. Y es que suscribió un documento en el que se le informaba de que dichas cámaras podrían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimiento del contrato de trabajo, hecho que corroboró un testigo. Al no conseguir el respaldo del Juzgado de lo Social, el trabajador presentó un recurso ante el TSJCyL con el objetivo de que se anulase la sentencia de instancia. Sin embargo, el TSJCyL ha declarado procedente el despido del trabajador.

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