«El Derecho Constitucional es la parte del Derecho Público cuyo principal objeto de estudio son las leyes fundamentales de un Estado, concretamente, su Constitución.

El Derecho Constitucional se encarga de regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos cuando estos se relacionan con la Administración de cualquier forma, y la relación entre los propios órganos del Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de Gobierno, Derechos fundamentales y la Regulación de los poderes públicos, incluidas las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos.

Como norma que vertebra el ordenamiento jurídico, la Constitución fija sus principios generales que rigen al Estado (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político) y una serie de principios constitucionales que los poderes públicos deben respetar en todo momento el Principio de legalidad, donde todas las actuaciones de la Administración están sujetas a la ley.

1. La Jerarquía normativa, cuyas normas de rango inferior no pueden contradecir a las de rango superior.
2. La Publicidad de las normas, que, para garantizar la seguridad jurídica, los ciudadanos han de poder conocer las normas que están obligados a cumplir.
3. La Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
4. La Seguridad jurídica, la cual se refiere a la estabilidad del ordenamiento y a que el conjunto de normas debe producir certeza y confianza en el ciudadano, que podrá saber en todo momento las normas vigentes.
5. La Responsabilidad en el sentido de la obligación de reparar un perjuicio resultante de una acción o inacción.

El Derecho Constitucional sirve también como mecanismo para vigilar que se cumplen los preceptos contenidos en la Constitución y define los límites del poder del Estado (poder Ejecutivo), de los legisladores (poder Legislativo) y de los poderes públicos del país.

A parte de abarcar los principios que definen el Estado, el texto de la Constitución incluye un bloque de garantías individuales de la ciudadanía, que incluye tanto los derechos fundamentales sustantivos como los procesales, definiendo así su relevancia y obligación de respeto en la normativa que se desarrolle para regular cualquier ámbito legal, y que el Tribunal Constitucional velará por su cumplimiento.»